El Registro de Impagados Judiciales se consolida como herramienta eficaz para combatir el impago de pensiones de alimentos
- Los juzgados de Familia están dictando diligencias de ordenación para comunicar al deudor su posible inclusión en el RIJ si no hace frente al pago de las pensiones de alimentos
11 de noviembre de 2024.- El Registro de Impagados Judiciales (RIJ) se ha consolidado como una herramienta útil frente al impago de pensiones de alimentos. Al practicarse la advertencia de inclusión dentro del propio procedimiento, el juzgado de Familia deja constancia ante el deudor de que su impago va a tener consecuencias sobre su solvencia, lo que en la práctica está desbloqueando ejecuciones que se prolongaban durante años.
La incorporación de la cláusula antimorosidad RIJ a las demandas de reclamación de cantidad, para practicar el requerimiento de pago y la notificación de inclusión a través del órgano judicial, está ganando relevancia en los procesos de familia.
En una diligencia de ordenación emitida por un juzgado de Familia de Asturias se informa al deudor de su inclusión en el registro en caso de no atender el pago, con la advertencia expresa de que dicha inclusión tendrá efectos sobre su reputación financiera y dificultará su acceso a créditos y otros servicios financieros.
Extracto de la diligencia de ordenación:
«El anterior escrito presentado por la Procuradora […] en nombre y representación de […] únase a los autos de su razón, y en vista de su contenido, se accede a lo interesado y, en consecuencia, notifíquese al afectado D. […], la voluntad de la parte ejecutante de incluir la deuda reclamada en este procedimiento en concepto de alimentos en el fichero de morosos RIJ …»
Desde la puesta en marcha del servicio de notificación judicial se han sucedido resoluciones en el mismo sentido en juzgados de todo el territorio.
Qué es el RIJ
El Registro de Impagados Judiciales es un sistema de información crediticia que permite registrar deuda reclamada por abogados, tanto en fase prejudicial como judicializada. Su objetivo es dar visibilidad a impagos que hasta ahora se gestionaban en silencio en los despachos y no constaban en ningún registro, y facilitar así su recuperación.
A diferencia de los ficheros de morosidad tradicionales, la información la aporta el letrado del acreedor y se respalda con la documentación de la deuda. Esto permite que cualquier particular, autónomo, pyme o empresa pueda, a través de su abogado, reclamar y publicar información sobre un impago.
Cómo funciona en un procedimiento de familia
El procedimiento se gestiona dentro del mismo proceso judicial de reclamación o ejecución. Con el procedimiento admitido a trámite y aportado el justificante de la deuda, el abogado del perjudicado puede instar el alta de la reclamación, y el juzgado comunica y advierte al deudor de la posible incorporación de sus datos al registro.
Si el deudor no paga, transcurrido el periodo de gracia se genera el certificado de inclusión y se le notifica que sus datos van a incorporarse al fichero, junto con el plazo para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión. Treinta días después de esa segunda notificación, la deuda se publica.
Para poder incluirse, la deuda debe alcanzar un importe mínimo de 50 euros y no superar los cinco años de antigüedad si el deudor es persona física.
Por qué importa en este ámbito
En las reclamaciones de pensiones de alimentos, los beneficiarios últimos son menores que dependen de esos pagos para cubrir sus necesidades básicas. La consideración del impago como delito no ha bastado para detener la práctica, y la vía penal encuentra sus propios obstáculos: el deudor puede acreditar falta de disponibilidad económica, y no son pocos los casos en los que el progenitor acreedor se resiste a interponer la denuncia.
La advertencia de inclusión ofrece una vía intermedia, de efecto rápido y sin necesidad de abrir un procedimiento nuevo, que además contribuye a descongestionar los juzgados de familia.
